El Real Decreto fija requisitos claros para garantizar la seguridad jurídica, siendo el principal haber estado de manera continuada y como mínimo cinco meses en España antes del 31 de diciembre de 2025. En el caso de los solicitantes de protección internacional, deberán acreditar la presentación de su solicitud antes de esa fecha. Otro de los requisitos indispensables es carecer de antecedentes penales.

La medida regulariza una realidad ya existente, con criterios razonables que aseguran el control del sistema y una integración efectiva. Se espera que las solicitudes se empiecen a presentar a principios de abril, una vez cumplidos los trámites preceptivos para aprobar definitivamente el Real Decreto, y el proceso estará abierto hasta el 30 de junio de 2026.

Una vez admitida a trámite la solicitud y hasta la resolución del procedimiento, se autorizará de forma provisional a las personas solicitantes a residir y, en caso de haber alcanzado la edad laboral, trabajar por cuenta ajena y propia, en todo el territorio nacional y en cualquier ocupación o sector de actividad.

Los/as hijos/as menores o mayores de edad que tengan una discapacidad, podrán presentar de manera simultánea a la solicitud del progenitor la autorización de residencia que legalmente corresponda.

La presentación de la solicitud, que tendrá una tramitación preferente, supondrá la paralización con suspensión de cualquier plazo que esté pendiente de cualquier otra solicitud de protección internacional, residencia o residencia y trabajo presentada con anterioridad para la misma persona extranjera, hasta la resolución de ésta.